Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 23-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”, a los fines de permitir a los miembros de los respectivos Cuerpos de la Policía Municipal del país a participar de los beneficios de las tiendas militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 49-2003, según enmendada, también conocida como “Ley para Establecer la Política Pública sobre la Prevención de Inundaciones, Conservación de Ríos y Quebradas y la dedicación a Uso Público de Fajas Verdes en Puerto Rico”, a los fines de establecer un término de treinta (30) días laborables para la expedición por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de la autorización a los municipios para limpieza, canalización y realizar obras para el control de inundaciones, y que de no expedirse en dicho término se entenderá autorizado de forma tácita; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 15 de la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, a los fines de disponer que si un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica pasa a formar parte de una compañía o empresa privada seleccionada por el Gobierno, el empleado tendrá derecho a la liquidación de todas sus licencias, sean estas de vacaciones o de enfermedad; disponer además que si un empleado decide irse a la compañía seleccionada por el Gobierno, y esta posteriormente abandona el negocio o acuerdo pactado, los empleados que fueron parte de la transacción, tendrán derecho a la reinstalación de forma automática a la nueva empresa eléctrica que seleccione el Estado o tendrá preferencia para ser reubicado en una agencia gubernamental que necesite de sus servicios.

Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 con el propósito de requerir un mayor grado de pericia sobre asuntos de energía renovable dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, a modo de afianzar los objetivos de política pública establecidos bajo la Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de Política Energética de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 238 y 239 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para expandir el alcance de la prohibición contra alarmas falsas para cubrir todo tipo de conducta que provoque la movilización de las autoridades de seguridad pública para atender la supuesta emergencia o necesidad de rescate y para otros fines.