Para enmendar los artículos 238 y 239 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto Rico, para expandir el alcance de la prohibición contra alarmas falsas para cubrir todo tipo de conducta que provoque la movilización de las autoridades de seguridad pública para atender la supuesta emergencia o necesidad de rescate y para otros fines.