Para designar el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar San Ildefonso como estructuras de valor histórico o artístico en Puerto Rico y ordenar su adquisición mediante compraventa o expropiación forzosa a nombre del Pueblo de Puerto Rico.

Para enmendar el primer párrafo de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, (“ASES”), a fin de que los participantes de sesenta (60) años de la “ASES” sean excluidos de requerir referidos del médico primario para poder acceder a los servicios de médicos especialistas o sub-especialistas.

Para enmendar el Artículo 2.04 (1)(a) de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de incluir a los Técnicos de Servicios Sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de las exclusiones de las disposiciones de este Artículo; y para otros fines relacionados.

Para establecer la ‘Ley Contra el Discrimen Por Razón de Estilos de Cabello’; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen racial contra los diversos peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional particulares (incluyendo, sin que ello se entienda como una lista exhaustiva, a los rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzas, nudos Bantú y afros) en el ofrecimiento de servicios públicos, empleo, educación y vivienda tanto en el sector público, como en el sector el privado; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 11.001 y 11.007 de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”; enmendar los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959; enmendar los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la Sección 1 de la Ley Núm. 131 del 4 13 de mayo del 1943 según enmendada, conocida como la “Ley de Derechos Civiles en Puerto Rico”; enmendar el inciso (a) del Artículo 9.01, el inciso (g) del 9.02 y el inciso (a) del Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, según enmendada; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 40 del Artículo 1-104 y el Artículo 2-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, mediante la cual crea el “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”, a los alguaciles adscritos al Poder Judicial de Puerto Rico; para disponer que los funcionarios antes mencionados puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años y treinta (30) años de servicio, para extender por excepción la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo a sesenta y dos (62) años de edad; y para otros fines relacionados.