Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 con el propósito de requerir un mayor grado de pericia sobre asuntos de energía renovable dentro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, a modo de afianzar los objetivos de política pública establecidos bajo la Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de Política Energética de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 36.5 de la Ley 258-2018, según enmendada, conocida como "Ley de las Cooperativas de Energía", a los fines de aclarar que la jurisdicci6n sobre el trámite y examen de documentos constitutivos de las cooperativas eléctricas es de la Comisi6n de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico ("CDCoop"), según la Ley 236-2OO4, conocida como la "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico de 2004"; y que la jurisdicción regulatoria del Negociado de Energía de Puerto Rico ("NEPR") es limitada a los deberes delineados en la Ley de las Cooperativas de Energía como parte de la industria regulada por esta.

Para establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico bajo el Departamento de Justicia de Puerto Rico, disponer sus poderes y prerrogativas, proveer para su organización, crear el puesto de Director del Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, otorgarle funciones y deberes, requerir la creación y el desarrollo de un Plan Estratégico para combatir la trata humana en Puerto Rico, así como establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para otros fines.

Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, así como al presidente de la Corporación, y al Departamento de la Familia, así como a su secretaria, llevar a cabo una campaña educativa sobre los procesos dispuestos en la Ley 61-2018, sobre refugios seguros y entregas voluntarias, como parte de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en favor de la adopción.