Para añadir el Artículo 1-111 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de permitir que los participantes mayores de sesenta y dos (62) años elegibles para los beneficios del Seguro Social puedan retirarse voluntariamente de su empleo y recibir los beneficios acumulados hasta la fecha de su retiro; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (40) del Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de incluir a los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias, en la definición de “Servidores Públicos de Alto Riesgo”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el artículo 4, inciso c de la Ley Núm. 36 de 9 de abril de 2020, según enmendada, conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar la definición de empleado y atemperar el marco jurídico existente con la realidad de la implementación en el servicio público; y para otros fines relacionados.

Para designar con el nombre de “Camino Félix Rubén Morales Ramos” la carretera que da acceso al tradicionalmente conocido como Sector los Gotay en el Barrio Zamas, en la jurisdicción del Municipio de Jayuya; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; establecer sobre su rotulación; y para otros fines relacionados

Para enmendar el inciso (l) y añadir un párrafo a la Sección 25 de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para establecer la administración y el uso del Fondo Especial para la Promoción de la Salud y Seguridad Ocupacional y disponer que las penalidades civiles podrán ser fijadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) cuando sea requerido para la vigencia del plan estatal de Puerto Rico