Para establecer la nueva "Ley de Arbitraje de Puerto Rico", a los fines de actualizar el derecho puertorriqueño que rige los procesos arbitrales cuando las partes no escogen una organización de arbitraje particular o, si se ha escogido alguna, sirva como complemento a las normas de la organización elegida; derogar la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico”; derogar la Ley 10-2012, conocida como la “Ley de Arbitraje Comercial Internacional en Puerto Rio”; y para otros fines relacionados.